El informe técnico ambiental presentado el martes pasado en el Consejo Superior ha sido una puntada más en el tejido de la Universidad Nacional de Tucumán en defensa de su gestión sobre la Ciudad Universitaria. Importante, profundo y esclarecedor, penetra en el corazón del problema que la UNT arrastra desde hace 77 años, desde que se expropiaron las tierras del cerro para que se levante ahí el megacampus de altos estudios, que a fines de los 40 apuntaba a ser uno de los más importantes de Latinoamérica. Ese sueño, cuyo empuje duró poco más de tres años -porque a partir de 1951 el proyecto se quedó sin financiación y comenzaron a desmembrarse los equipos que elaboraban la megaobra- perduró como una utopía que algún día iba a hacerse realidad, cuando hubiera plata de nuevo. Y ahí quedaron los espectaculares vestigios de la “Ciudad 1951” (como se titula la novela de María Lobo) muy bien repartidos entre San Javier y Horco Molle. Vestigios que le dan una suerte de identidad al cerro, a Yerba Buena y a Tucumán.
Ciudad Universitaria: un proyecto que respondía a otro momento históricoObligación legal
¿Por qué se hizo este informe? Porque hay que cerrar profundas heridas que han ido lacerando a causa de ese proyecto inconcluso, al que está obligada por la Ley 14.771, de creación del ente minero YMAD, que dice que el 40% de las utilidades del yacimiento que poseen la UNT y Catamarca debe estar destinado a la conclusión de la Ciudad Universitaria, “conforme a lo planos aprobados”.
Como a lo largo del tiempo no hubo plata de la minería, nadie se preocupó de reflotar el sueño de los años 40. Hasta que a comienzos de este siglo empezaron a llegar los fondos desde la Minera Alumbrera. La UNT empezó a estar en la picota desde que el ex rector Juan Alberto Cerisola decidió usar las millonarias utilidades mineras. Para ello hizo hacer un plan para lo que llamó la “Ciudad Universitaria del Siglo XXI”, hizo declarar mediante un acta firmada con YMAD el 2 de enero de 2008 que la obra estaba concluida (a partir de entonces se les podía dar otro destino a los dineros que llegasen desde el ente minero) y sacudió a la casa de altos estudios con un centenar de obras por todas partes -incluso hubo alguna en el cerro-. Hubo bastante júbilo porque se hacían trabajos en muchas dependencias que esperaban mejoras o cosas nuevas desde siempre.
Pero ya la UNT estaba en la picota. No se notaba para 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) hizo la denuncia contra Cerisola y subalternos para que se investigue el presunto uso irregular de esos fondos, que derivó en el juicio oral que se está llevando desde hace 14 meses en el Tribunal Oral Federal contra el ex rector y sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.
La plata que se fue
Comenzó a notarse en 2014, cuando el ex decano de Ciencias Naturales y ex delegado de la UNT en YMAD Florencio Aceñolaza (también fallecido) dijo que la Universidad había perdido 500 millones de pesos desde 2008, cuando se había hecho el acta de YMAD con el cambio de destino de los fondos.
Los años que pasaron pusieron el tema en el candelero y mostraron la fragilidad del tejido del sueño de la ciudad universitaria, hecho de distracciones en los controles desde siempre. Se tomaron decisiones sin tener en cuenta que había una ley que obligaba a seguir un camino determinado y las resoluciones de las malas decisiones derivaron en un proceso intrincado: ahora hay un pleito contra YMAD para anular judicialmente el acta de 2008 y se está conversando con la empresa y con Catamarca desde hace mucho tiempo pero no se acomodan las cosas. Y no sólo se trata de distracciones o de decisiones administrativas importantes. También hubo circunstancias extrañas como el hallazgo casual de las cajas con planos y láminas de la Ciudad Universitaria en medio de las audiencias por el juicio a Cerisola y subalternos. La UNT volvió a estar llevada al centro de la escena escandalosa.
Las autoridades trataron de tomar distancia. Para ello se hicieron investigaciones sobre las cuestiones legales vinculadas con la CU, sobre el patrimonio universitario y sobre todo lo posible relacionado con los planos hallados. Hace dos meses se presentaron los resultados de esos estudios. Y ahora llegó el estudio ambiental que además es ambiental y jurídico.
La defensa jurídico ambiental
Hay que recordar que además la UNT tiene una querella larguísima con el ocupante del barrio privado Las Pirámides ubicado dentro del sector sur del parque Sierra de San Javier. En esa puja con Próspero Marcelo Sosa -y contra las personas que compraron terrenos y construyeron sus casas ahí- la UNT ha ido avanzando en la defensa jurídico ambiental del parque Sierra de San Javier, al mismo tiempo que iba ordenando los papeles de su patrimonio. Cómo habrá estado de abandonado esto que sólo seis años después de haber constituido el equipo de ordenamiento patrimonial se pudo hacer la escritura del parque Sierra de San Javier en diciembre del 24, siendo que la UNT es dueña desde 1948.
El estudio técnico aporta las razones por las que ya no es posible la ciudad universitaria en el cerro. Ahora eso es una zona roja protegida ambientalmente, y por la fragilidad geológica no podría soportar la presión urbana del movimiento de 30.000 universitarios -así estaba proyectado- y mucho menos los 80.000 de hoy. Tampoco los equipos de la gestión de 1948 -arquitectos e ingenieros de renombre- previeron qué hacer con efluentes y con la basura. Esto, a pesar de que en esa gestión estuvo la flor y nata de la Universidad de entonces, lo cual es reconocido con prudencia y nostalgia en este estudio. Todos estos informes seguramente han de ser útiles en las argumentaciones de la defensa de Cerisola, que debe exponer su alegato en la primera semana de agosto.
La Ciudad Universitaria es inviable desde el aspecto ambientalContrastes
Independientemente de eso, la UNT tiene varias cosas que definir con respecto a la Ciudad Universitaria. Una es cómo hacer una “gobernanza” adecuada con municipios y comunas del piedemonte, porque mientras en el parque Sierra de San Javier se intenta proteger la zona roja, por los costados crecen las urbanizaciones en la zona serrana. Además, legalmente faltan acomodar los tantos con respecto a la ciudad universitaria; ya sea con la querella con YMAD como con lo que se hará en el futuro con el dinero que llega de las utilidades mineras. El rector Sergio Pagani habló de “resignificación” del proyecto y Álvaro Bravo, responsable del Observatorio Ambiental, habla de “refuncionalizar”. Pero aún falta la puntada final, que es cómo zafar del corsé que da la ley 14.771, que obliga a construir la Ciudad Universitaria “conforme a los planos aprobados”.